Aplicación de Consulta Previa en comunidades indígenas

José Carlos Díaz

El ejecutivo anunció la puesta en marcha de la primera aplicación de la Ley de Consulta Previa (LCP) entre las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigres, en la región de Loreto. Esto debido al interés de PeruPetro de licitar un vasto lote en la región para la explotación de hidrocarburos.

Todo esto sin duda ocurre en el marco de una intensa política por parte del Estado que busca evitar eventuales conflictos sociales. ¿Será esta una de las lecciones que dejó Conga?

Al respecto conversamos con el especialista en temas de desarrollo social y estudios de impacto ambiental, Francisco Luis Malaspina, quien no absolvió algunas dudas.

¿Esto representa un interés del Ejecutivo de prevenir posibles conflictos sociales?

Eso está bastante claro. Lo que habría que analizar es la manera en que se pretende prevenir estos conflictos. Que se aplique la LCP con estas comunidades es un gran avance, pero lo que será una gran desafío de aquí en adelante es generar verdaderos espacios de diálogo entre las partes involucradas. Es decir, Estado, Empresa y Comunidad.

En este contexto, ¿es responsable iniciar un proyecto de explotación de hidrocarburos en la selva?, ¿qué significa esto para las comunidades?

La responsabilidad no debe estar enfocada en la explotación de hidrocarburos como tal, sino en la manera como se realiza esta actividad. Estos tres ríos estaban contaminados desde las década de los 70. Sin embargo, a partir del 2006, el Ministerio de Energía y Minas impuso la aplicación del Plan Ambiental Complementario que obligaba a las empresas extractoras a limpiar los ríos afectados. Hoy estos ríos están en perfecto estado.

Llevado de manera responsable, esto podría significar un desarrollo comunitario integral y sostenible que incremente la calidad de vida de las comunidades aledañas a la extracción.

De qué manera debería manejar el Estado la relación entre las actividades extractivas y las comunidades indígenas.

En los últimos años el Estado ha tenido avances en materia de normativa que fomente la participación ciudadana. Siguiendo esta línea el Estado debe capacitar a sus funcionarios en el desarrollo de capacidades de negociación. De esta manera se generarán consensos a partir de intereses y habrá mayor preponderancia de los temas sociales.

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